«Situación de emergencia social». Tal cual. La charla organizada el jueves 24 de enero por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid comenzó con una contextualización rotunda. Cierre de plantas hospitalarias o de hospitales enteros como el Hospital Divino Valles de Burgos, supresión de doscientos puestos de médicos y enfermeras en atención primaria, cierre de los puntos de atención continuada (PAC) en el medio rural, incremento presupuestario para instituciones privadas, recortes de 118 millones de euros en los presupuestos sanitarios para 2013 en la comunidad. Son varios de los «ejemplos del desmantelamiento de la sanidad pública en Castilla y León» que Luis Ocampo, médico y miembro de la plataforma, quiso destacar en la presentación del acto ante una abarrotada Aula Magna de la Facultad de Medicina. A esa lista hay que sumar «las no sustituciones, el ‘medicamentazo’ o nuevas medidas como la creación de un área única en Valladolid, que en la práctica supone un primer paso hacia la privatización». Ante este complejo panorama, se anunció una gran manifestación para el domingo 24 de febrero. «Para defendernos sólo hay un camino: informarnos, organizarnos y luchar», afirmaba Ocampo al tiempo que invitaba a la asistencia.
Luis Ocampo (a la izquierda), médico y miembro de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid, encargado de presentar la charla.
«Desamparo sanitario» en el medio rural
Luis Falcón, portavoz de la Federación Castellano y Leonesa Salud 24 Horas, describió en su intervención el «desamparo sanitario» al que se enfrenta desde hace meses el medio rural de la comunidad. Lo hizo prestando especial atención al cierre de urgencias nocturnas y a las características del terreno que la Junta no tuvo en cuenta cuando adoptó esta medida disfrazada de «reorganización». De hecho, no duda en afirmar que «los dirigentes políticos desconocen la realidad que están gobernando, desconocen la comunidad autónoma» y considera que existe un «umbral mínimo» que las administraciones nunca deben traspasar.
Los hechos son los siguientes: en el mes de octubre de 2012 cerraron las urgencias nocturnas de 18 PAC, recorte que afecta a 80.000 personas en toda la región. Antes había un médico en el punto de atención y otro en el centro de salud con su correspondiente enfermera para atender a cada una de las zonas. Ahora sólo existe un médico en el centro de salud para toda la zona de 22:00 a 08:00 de la mañana. Sin embargo, «este cierre no ha supuesto el refuerzo en medios materiales o profesionales» a pesar de que, por ejemplo, «la carga asistencial en el centro de salud de Vitigudino entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre subió de 63 en 2011 a un total de 130 en 2012, es decir, se multiplicó por dos al cerrar el PAC de Villarino».
Más allá de los datos, las circunstancias resultan imprescindibles para comprender el problema. En relación a los habitantes afectados, se trata de personas en su mayoría de avanzada edad que viven dispersas en núcleos pequeños de población, donde radican residencias de ancianos. La lejanía del hospital a veces es de 100 kilométros, como en el caso de Riaza en Segovia, Medinaceli en Soria o Las Arribes del Duero en Salamanca. Las carreteras prácticamente en su totalidad son secundarias, cuya calidad y mantenimiento es precario, y muchas comarcas están ubicadas en una zona de sierra como es el caso de Barruelo de Santullán en Palencia, Ayllón o Boceguillas en Segovia y Tremor de Arriba en León, donde en época invernal no cuentan con recursos que garanticen el uso de las vías. Según Luis Falcón, «estos días en que ha habido temporal en los municipios de Segovia tuvieron que ordenar que continuasen abiertas las urgencias por la noche dado que no se podía acceder al pueblo donde se encontraba el médico».
Una urgencia puede dejar desatendida cualquier otra incidencia que se produzca. El propio colectivo de facultativos médicos es «buen conocedor» de esta situación, de la orografía, de las distancias que separan a los municipios y del estado en que se encuentran las carreteras, por lo que «es necesario que se incluya en los informes la valoración que ellos mismos realizan como profesionales, pues el cierre de urgencias ha sido una decisión unilateral de la Junta de Castilla y León», afirma el portavoz de la Federación. Además, también recordó que la incomunicación se acrecienta con la falta de cobertura móvil y de acceso a Internet en muchas zonas.
Intervención de Luis Falcón, portavoz de la Federación Castellano y Leonesa Salud 24 Horas.
La clave de las isócronas en las urgencias vitales
Castilla y León tiene una población de 2.557.330 habitantes. El 34% de la población reside en las capitales, pero hay un 66% que lo hace en el medio rural. El 22% es mayor de 65 años frente al 16’8% a nivel nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2010. La región está organizada en 11 áreas de salud y 248 zonas básicas. Se cuenta además con 14 hospitales y 220 puntos de atención urgente intrahospitalaria. Cada municipio tiene asignado un hospital denominado hospital de referencia. Cuando las Zonas Básicas de Salud están compuestas por varios municipios está estipulado que se ha de fijar un municipio-cabecera donde radicará el centro de salud.
El último punto del esquema anterior es el que falla si nos referimos a la atención sanitaria urgente y es la clave que, legalmente y en la teoría, da la razón a las voces que claman por la reapertura de las guardias nocturnas. Se habla de «urgencia vital«, también denominada emergencia, urgencia grave o urgencia verdadera, cuando existe un peligro inmediato para la vida del paciente, para órganos o funciones vitales o de secuelas graves si no recibe atención cualificada sin demora. En los municipios afectados, esa atención cualificada «se ha demorado significativamente tras la retirada de las urgencias nocturnas en los PAC». De hecho, «en la actualidad no hay una red asistencial que garantice la inmediata actuación en menos de 30 minutos». Además, una unidad médica especializada (UME) en Castilla y León no puede desplazarse a distancias superiores a los 50 kilómetros. Luis Falcón, portavoz también de la Plataforma de Las Arribes, pone el ejemplo del caso salmantino, con tres UME: una en Salamanca capital, otra en Béjar y otra en Ciudad Rodrigo. «Un paciente con parada respiratoria en Villarino, a una distancia de 100 kilómetros del hospital, tiene que ser trasladado por una unidad vital básica que no tiene médico ni enfermera y que tendrá que hacer trasbordo a 40 kilómetros de la ciudad».
El incumplimiento, por tanto, de la isócrona recogida en el RD 137/1984 (cuando la Zona de Salud esté constituida por varios municipios se fijará un municipio cabecera cuya ubicación no será distante del resto de los municipios un tiempo superior a treinta minutos con los medios habituales de locomoción, y en el que se ubicará el Centro de Salud) es el argumento de peso en la denuncia presentada por el Defensor del Paciente y por la Federación contra el cierre de urgencias nocturnas, un servicio que cuesta 1’5 millones de euros al año para toda la comunidad, «hasta el punto de que en Las Arribes del Duero cada habitante supone sólo 75 euros».
Aforo completo en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid.
Nuevas supresiones de servicios en 2013
Aparte del cierre de urgencias, durante los últimos meses se han suprimido también otros servicios en materia de sanidad. Así, en diciembre cerraron el servicio de helicóptero situado en la provincia de Valladolid. Hasta esa fecha Castilla y León estaba cubierta por cuatro helicópteros de emergencias situados en Valladolid, Salamanca, Burgos y Astorga, por lo que ahora depende únicamente de estos tres últimos. Además, uno de los dos helicópteros con base en Lozoyuela (Madrid) será suprimido el próximo 2 de febrero y se trata de un servicio que tiene convenio con la comunidad para atender las urgencias de Segovia, que serán las que se verán afectadas a partir de esa fecha.
Tras una reunión de cuatro horas mantenida en su día entre el Consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, y miembros de la Federación, Luis Falcón quiso transmitir algunas cuestiones que se trataron en aquel encuentro. Concretamente, la Junta quiere aplicar la disposición adicional primera que modifica el artículo 10 del Anexo a la Orden de 6 de junio de 1986 que marca las consultas en el núcleo de población. «Con la aplicación de esta norma muchos de los pueblos se quedarán sin consulta de lunes a lunes, pues un gran número de ellos en esta comunidad no superan por desgracia los 50 habitantes«, asegura Falcón. «Quieren reducir además la plantilla actual de médicos en todas las Zonas Básicas de Salud, justificado por número de habitantes y reducciones de consultas. Además, las guardias que ya cerraron de noche también se ven peligrar. Sólo se atenderían las urgencias en un centro de salud por un único médico. El trasporte a la demanda que se utiliza para ir al centro ya ha sido reducido en días y se prevén más reducciones», continúa. «Si a una persona de 80 años le quitan la consulta médica durante toda la semana en su pueblo, que no conduce, que cuando llama al 112 se encuentra con una operadora y que tiene que ir al Centro de Salud a 30-40 kilómetros, ¿quién la lleva, cómo la lleva y quién la vuelve a transportar?», pregunta que lanza al Consejero.
En palabras del portavoz de la Federación «serán 62 los facultativos y 25 las enfermeras que dejarán de ejercer en zonas rurales para hacerlo en centros de salud urbanos«. Las provincias que más afectadas se verán por estos cambios son Burgos, León, Salamanca y Valladolid. En la actualidad, la media de pacientes por médico en las ciudades es de 1530 y con la restructuración pasará a 1440. En el medio rural, por contra, pasará de 647 a 673.
Intervención de Marciano Sánchez, pediatra-nefrólogo en el hospital madrileño Niño Jesús y portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública.
Carrera de fondo
Ante este horizonte de futuro complicado, las plataformas vecinales no se resignan y piden que no se olvide que el medio rural es el motor de esta comunidad, es el potencial agrícola y ganadero. Ellas seguirán luchando «por el equilibrio poblacional y por la sostenibilidad territorial«.
«Castilla y León ha sido el conejillo de indias, el experimento de laboratorio de este desmantelamiento nacional de la sanidad pública». Basta con ver la imitación en otras comunidades como Castilla La-Mancha o Extremadura o lo que ocurrirá próximamente en Navarra. Desde la Federación Castellano y Leonesa Salud 24 horas abogan por «estudiar por qué los empadronados no se corresponden con las tarjetas sanitarias, por qué a determinada edad se nos marcha la población a vivir a las ciudades», así como por «equipar mejor los centros rurales para que no paguemos más que nadie por lo mismo» y por «tener un control absoluto de la posibilidad más remota antes de adoptar decisiones delicadas».
Marciano Sánchez, médico en el hospital madrileño Niño Jesús y portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, habló del proceso privatizador de la sanidad a nivel general, de los intereses económicos que esconde y de las movilizaciones masivas en Madrid. Sobre la respuesta ciudadana, tanto en el medio urbano como en el rural, afirmó que debe tratarse como «una carrera de fondo, no pretender llegar a la meta al día siguiente» y, en este sentido, llamó a mantener la presión social que existe en la actualidad «al menos hasta las próximas elecciones».
Los vecinos afectados por los recortes sanitarios en los pueblos conocen bien el método de la persistencia. Luis Falcón quiso remarcar los encierros en los consultorios, que ya han sobrepasado los cien días, y el carácter independiente del movimiento vecinal que surgió a raíz del cierre de las urgencias nocturnas. La causa la defiende la Federación Salud 24 Horas de manera conjunta para toda la comunidad: «representamos a todos los ciudadanos de Castilla y León que están afectados por estos cierres y no tenemos ningún color, ni siglas o banderas, simplemente somos ciudadanos soberanos que defendemos lo que por ley nos corresponde«.
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